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Si las circunstancias políticas de un país llegaran a tal situación que un universitario —profesor, alumno— estimara en conciencia preferible politizar la Universidad, por carecer de medios lícitos para evitar el mal general de la nación, ¿podría, en uso de su libertad, hacerlo?

Si en un país no existiese la más mínima libertad política, quizá se produciría una desnaturalización de la Universidad que, dejando de ser la casa común, se convertiría en campo de batalla de facciones opuestas.

Pienso, no obstante, que sería preferible dedicar esos años a una preparación seria, a formar una mentalidad social, para que los que luego manden —los que ahora estudian— no caigan en esa aversión a la libertad personal, que es verdaderamente algo patológico. Si la Universidad se convierte en el aula donde se debaten y deciden problemas políticos concretos, es fácil que se pierda la serenidad académica y que los estudiantes se formen en un espíritu de partidismo; de esa manera, la Universidad y el país arrastrarán siempre ese mal crónico del totalitarismo, sea del signo que sea.

Quede claro que, al decir que la Universidad no es el lugar para la política, no excluyo, sino que deseo, un cauce normal, para todos los ciudadanos. Aunque mi opinión sobre este punto es muy concreta, no quiero añadir más, porque mi misión no es política, sino sacerdotal. Lo que os digo es algo de lo que me corresponde hablar, porque me considero universitario: y todo lo que se refiere a la Universidad me apasiona. No hago, ni quiero, ni puedo hacer política; pero mi mentalidad de jurista y de teólogo —mi fe cristiana también— me llevan a estar siempre al lado de la legítima libertad de todos los hombres.

Nadie puede pretender en cuestiones temporales imponer dogmas, que no existen. Ante un problema concreto, sea cual sea, la solución es: estudiarlo bien y, después, actuar en conciencia, con libertad personal y con responsabilidad también personal.

¿En qué sentido entiende usted la libertad de enseñanza y en qué condiciones la considera necesaria? En este sentido, ¿qué atribuciones deben reservarse al Estado en materia de enseñanza superior? ¿Estima usted que la autonomía es un principio básico para la organización de la Universidad? ¿Podría apuntarnos las líneas maestras en las que ha de fundarse el sistema autonómico?

La libertad de enseñanza no es sino un aspecto de la libertad en general. Considero la libertad personal necesaria para todos y en todo lo moralmente lícito. Libertad de enseñanza, por tanto, en todos los niveles y para todas las personas. Es decir, que toda persona o asociación capacitada, tenga la posibilidad de fundar centros de enseñanza en igualdad de condiciones y sin trabas innecesarias.

La función del Estado depende de la situación social: es distinta en Alemania o en Inglaterra, en Japón o en Estados Unidos, por citar países con estructuras educacionales muy diversas. El Estado tiene evidentes funciones de promoción, de control, de vigilancia. Y eso exige igualdad de oportunidades entre la iniciativa privada y la del Estado: vigilar no es poner obstáculos, ni impedir o coartar la libertad.

Por eso considero necesaria la autonomía docente: autonomía es otra manera de decir libertad de enseñanza. La Universidad, como corporación, ha de tener la independencia de un órgano en un cuerpo vivo: libertad, dentro de su tarea específica en favor del bien común.

Algunas manifestaciones, para la efectiva realización de esta autonomía, pueden ser: libertad de elección del profesorado y de los administradores; libertad para establecer los planes de estudio; posibilidad de formar su patrimonio y de administrarlo. En una palabra, todas las condiciones necesarias para que la Universidad goce de vida propia. Teniendo esta vida propia, sabrá darla, en bien de la sociedad entera.